La policía puede detenerle si le sorprende cometiendo un delito, si existe una orden de detención contra usted o si existen indicios razonables de que ha cometido un hecho delictivo. Una vez detenido, el reloj comienza a correr: la ley española establece un máximo estricto de 72 horas de detención policial antes de que deba ser puesto a disposición judicial.

La planificación sucesoria es una herramienta esencial para garantizar que la transmisión del patrimonio se realice conforme a la voluntad del testador y con pleno respeto a la normativa aplicable. Formalizar testamento permite anticipar situaciones familiares relevantes, proteger a los herederos y evitar procedimientos más complejos en caso de fallecimiento sin disposiciones previas. Además, conocer cómo se distribuye legalmente la herencia y qué límites existen a la libre disposición resulta clave para adoptar decisiones informadas. Igualmente, figuras como la donación en vida o el usufructo pueden ofrecer soluciones útiles en determinados contextos personales, familiares o fiscales. Por ello, analizar con carácter previo las distintas opciones sucesorias disponibles facilita una adecuada organización del patrimonio y contribuye a prevenir conflictos futuros entre los herederos.

La irrupción de sistemas avanzados de inteligencia artificial está generando una presión creciente sobre las categorías tradicionales del derecho de la privacidad y la protección de datos. Tecnologías capaces de reconstruir identidades a partir de información dispersa, así como de generar contenidos sintéticos indistinguibles de la realidad, están alterando los presupuestos sobre los que se construyó el marco jurídico vigente.

El litigio tiene su origen en el incumplimiento del plazo de transposición, fijado en el 31 de diciembre de 2024, de dos directivas clave en la armonización del impuesto sobre el valor añadido. Pese a los requerimientos formales de la Comisión, con una carta de emplazamiento en enero de 2025 y un dictamen motivado en julio del mismo año, el Estado español no ha notificado la incorporación completa de estas normas, siendo en la actualidad el único Estado miembro que permanece en esta situación. Esta persistencia en el incumplimiento ha llevado a Bruselas a activar la fase contenciosa del procedimiento previsto en el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

En primer lugar, el Alto Tribunal ha reafirmado la doctrina sobre las denominadas condiciones más beneficiosas, al declarar que determinados beneficios concedidos de forma reiterada y sostenida en el tiempo se incorporan al acervo contractual del trabajador, sin que puedan ser suprimidos unilateralmente por la empresa. En el caso analizado, relativo a un permiso retribuido reconocido durante años en una empresa del sector de la restauración organizada, el Supremo concluye que la reiteración en su concesión genera una legítima expectativa consolidada, que solo puede ser modificada mediante los mecanismos de negociación colectiva o, en su caso, a través de los procedimientos de modificación sustancial de condiciones de trabajo previstos en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores.

La sentencia analiza en profundidad la adecuación de la tasa a los principios que rigen las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario y, en particular, su sometimiento a los criterios de equivalencia y proporcionalidad. El tribunal concluye que la ordenanza no acredita de forma suficiente la correlación entre el coste real del servicio de recogida de residuos y los importes exigidos a los contribuyentes, lo que vulnera la exigencia de que las tasas no excedan del coste efectivo o previsible del servicio. 

Un buen mediador debe poseer, metafóricamente hablando, oídos, ojos y un corazón grandes. Esta descripción resalta la importancia de saber escuchar lo que no se dice, observar el lenguaje no verbal y comprender la carga emocional que subyace en cada conflicto. A diferencia de un juez, el mediador no impone una solución; su función es facilitar el diálogo y emplear técnicas específicas para que sean las propias partes quienes alcancen un acuerdo. Este enfoque permite obtener soluciones creativas e imaginativas que, aunque siempre dentro del marco legal, pueden adaptarse mejor a las necesidades particulares de los implicados que una sentencia judicial rígida.

La firma digital, ya sea a través del DNI electrónico o certificados, es un instrumento útil pero insuficiente por sí mismo en el ámbito del derecho privado. Un error común es pensar que la tecnología sustituye la necesidad de un funcionario público. En realidad, la presencia del notario no es un formalismo vacío, sino una necesidad material para verificar que los elementos esenciales del contrato —sujeto, objeto, causa y forma— se reúnan en el momento exacto en que nace el negocio. Sin un tercero independiente que compruebe la identidad, la capacidad real y la ausencia de coacciones, la firma digital se convierte en un vehículo ciego que puede facilitar fraudes, estafas y la creación de sociedades opacas mediante testaferros.

El Gobierno ha activado un nuevo instrumento de intervención en el mercado del alquiler mediante la aprobación del Real Decreto-ley 8/2026, que establece un régimen excepcional de prórroga obligatoria de contratos de arrendamiento de vivienda habitual. La norma permite a los inquilinos cuyos contratos finalicen entre marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 solicitar una extensión de hasta dos años adicionales, manteniendo las condiciones contractuales vigentes y con una limitación del incremento de la renta al 2%.

El mercado inmobiliario español ha entrado en una fase de transición en la que conviven dos tendencias aparentemente contradictorias: por un lado, una moderación en la actividad y en el ritmo de crecimiento de los precios y por otro, la persistencia de niveles históricamente elevados tanto en compraventa como en alquiler. Esta dualidad define la evolución reciente del sector y explica la creciente complejidad de su análisis.

Según el Censo de Viviendas del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2021, en España existen alrededor de 3,8 millones de viviendas vacías, una cifra estructural que incluye inmuebles en distintas situaciones, entre ellas herencias no regularizadas, viviendas sin uso efectivo o activos en conflicto. En este contexto, los operadores jurídicos detectan un aumento de los procedimientos vinculados a la usucapión inmobiliaria, especialmente en este tipo de propiedades.

El teletrabajo se regula en la Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia, que vino a consolidar lo dispuesto en el Real Decreto-ley 28/2020. Esta normativa define el teletrabajo como aquel que se presta de manera regular fuera de los locales de la empresa, mediante el uso de medios y sistemas informáticos o de telecomunicación.