El litigio tiene su origen en el incumplimiento del plazo de transposición, fijado en el 31 de diciembre de 2024, de dos directivas clave en la armonización del impuesto sobre el valor añadido. Pese a los requerimientos formales de la Comisión, con una carta de emplazamiento en enero de 2025 y un dictamen motivado en julio del mismo año, el Estado español no ha notificado la incorporación completa de estas normas, siendo en la actualidad el único Estado miembro que permanece en esta situación. Esta persistencia en el incumplimiento ha llevado a Bruselas a activar la fase contenciosa del procedimiento previsto en el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Desde el punto de vista material, una de las directivas afectadas, la Directiva (UE) 2020/285, introduce un régimen simplificado de IVA para pequeñas empresas y autónomos, permitiendo a los Estados miembros establecer un umbral de facturación de hasta 85.000 euros por debajo del cual los sujetos pasivos podrían quedar exentos de repercutir y declarar el impuesto.
Aunque la aplicación de esta exención es facultativa, la Comisión sostiene que España está obligada, al menos, a transponer las disposiciones que permiten a las pymes operar bajo este régimen en otros Estados miembros, lo que exige su registro previo ante la administración tributaria nacional. La ausencia de esta adaptación normativa limita la operativa transfronteriza de las empresas españolas y compromete la uniformidad del mercado interior.
Bienes de ocasión, obras de arte y antigüedades
La segunda directiva objeto del procedimiento introduce modificaciones técnicas relevantes en el sistema del IVA, especialmente en lo relativo al lugar de prestación de determinados servicios, particularmente los prestados por vía electrónica o continuada, y al régimen especial aplicable a bienes de ocasión, obras de arte y antigüedades.
La falta de transposición de estas disposiciones, según advierte la Comisión, genera riesgos de doble imposición o, por el contrario, de no imposición, al producirse divergencias entre los distintos ordenamientos nacionales que ya han incorporado la normativa europea.
Imposición de sanciones
El procedimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea podría culminar, en caso de estimación del recurso, en la imposición de sanciones económicas a España, conforme al artículo 260 TFUE. No se trata de un supuesto inédito ya que la jurisprudencia del Tribunal ha avalado en múltiples ocasiones la imposición de multas coercitivas y cantidades a tanto alzado en casos de incumplimiento persistente de obligaciones de transposición. En este contexto, la Comisión ha dejado abierta la posibilidad de solicitar directamente sanciones, dada la reiteración del incumplimiento pese a los avisos previos.
Desde una perspectiva estructural, este nuevo litigio refleja un problema recurrente en el sistema jurídico español: el elevado número de directivas pendientes de transposición. Según datos recientes, España se sitúa a la cabeza de la Unión tanto en normas europeas no incorporadas como en procedimientos de infracción abiertos, lo que evidencia tensiones entre el ritmo de producción normativa europea y la capacidad de adaptación del legislador nacional.
Para los operadores jurídicos, el caso refuerza la importancia del principio de primacía del Derecho de la Unión y la necesidad de anticipar los efectos de directivas no transpuestas, especialmente en ámbitos como la fiscalidad, donde las consecuencias económicas y competitivas son particularmente relevantes.
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